Tras el reciente veto del presidente Rodrigo Chaves sobre la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual tenía como objetivo fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), varios suplentes han expresado sus opiniones al respecto. Esta decisión del presidente ha generado un gran revuelo, ya que los legisladores están firmemente comprometidos en buscar una regulación que convierta el proyecto en ley de la República.
Desde la independencia de la nación, se han manifestado diversas opiniones tanto a favor como en contra del proyecto. Oscar Izquierdo, líder de la bancada, comentó: «Desafortunadamente, la posición del Secretario y del Presidente está justificada. Este proyecto de ley tenía fundamentos sólidos, tanto legales como numéricos, que evidencian su necesidad de aprobación». Además, enfatizó la importancia de los funcionarios del OIJ, a quienes describió como esenciales para la vida de los costarricenses y declaró que la justicia debe prevalecer. «Nos dedicaremos a conseguir los votos necesarios para revivir esta ley», advirtió.
La diputada Alejandra Larios, quien también ha estado involucrada en el proceso desde su inicio, se mostró firme al afirmar: «Sigo creyendo que esta es una tarea legal y justa, y estoy convencida de que lograremos los votos para su restauración». Esto es crucial, ya que para reactivar el proyecto que fue rechazado por la casa presidencial, se requieren al menos 38 votos, mientras que el proyecto original fue respaldado en la segunda votación por 40 legisladores.
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«Revanchismo»
Montserrat Ruiz, también representante en la Asamblea, ha calificado la decisión de Chaves como un acto de «revanchismo». Según sus palabras, «parece que hay una vendetta del Presidente contra el sistema judicial. No es casual que su discurso y acciones se dirijan contra los partidos que lo investigan, especialmente el Ministerio Público y los OIJ, que están tras un sinfín de casos de corrupción que implican al presidente y a varios ministros».
Ruiz agregó que «este gobierno ha acumulado una serie de vetos», sugiriendo que Chaves continuará limitando el trabajo de la sesión legislativa. Desde los grupos de Pusc y Frente Amplio, los diputados Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro también expresaron su descontento por el veto y discutieron la posibilidad de restablecer el proyecto. «Esto representa un obstáculo, y utilizaremos la constitucionalidad para insistir en que los agentes del OIJ pueden retirarse a la edad estipulada antes. Presentaremos de nuevo el proyecto en la próxima sesión legislativa», aseguraron.
Un miembro del partido cristiano social lamentó que el presidente no apoye a los oficiales del OIJ, quienes dedican tantas horas de trabajo arduo. «La iniciativa volverá al Parlamento y debatiremos sobre la violación y el procedimiento a seguir. Es fundamental respaldar a estos agentes», subrayó.
OIJ está de acuerdo con la ley adoptada. (Archivo/la foto del observador)
El veto y el proyecto
El veto propuesto por Chaves se fundamenta en «razones relacionadas con la oportunidad, la comodidad y la gobernanza». En el análisis detallado del contenido del proyecto, se concluyó que la norma presentaba serias deficiencias en relación con el gobierno, afectando los principios que rigen el sistema de justicia y vulnerando los derechos constitucionales, según el documento remitido al Parlamento.
Este análisis identificó tres aspectos críticos que llevaron a la conclusión del veto:
- Infracciones al principio de igualdad ante la ley.
- Daños a los principios de razonabilidad y equidad.
- Violaciones del principio de sostenibilidad financiera.
La finalidad del proyecto original es que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a sus pensiones a partir de los 55 años. Para calificar para estas pensiones anticipadas, los funcionarios deben cumplir con varios requisitos, siendo el más relevante haber trabajado al menos 30 años en la organización correspondiente.
El proyecto permite a los agentes acceder a pensiones que equivalen al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustándose a índices como el índice de precios al consumidor (IPC) para los períodos correspondientes. Además, incluye disposiciones específicas sobre cómo proceder en casos de jubilación anticipada si no se cumplen los años requeridos.
