En primera lectura, el Legislativo aprobó el proyecto de ley del Partido Liberal Progresista (PLP), que elimina dos artículos de la Ley de Imprenta. Lo que buscamos es garantizar el ejercicio profesional de los periodistas.
El principal es el artículo 7, que impone penas de prisión a los periodistas por delitos contra el honor, «que todavía hoy se utiliza para intimidar a los periodistas», afirma el PLP.
Con el avance del Expediente 24185, el proyecto Libertad de Periodismo, el PLP dice que «busca detener graves injusticias contra los profesionales de la comunicación».
«A partir de hoy, cualquiera que ejerza la libertad de prensa podrá hacerlo sin temor a que la ley de prensa sea utilizada como elemento disuasivo para impedir su publicación», afirmó el jefe de la fracción liberal, el diputado Gilberto Campos.
Actualmente, la ley impone penas de prisión de entre 1 y 120 días por delitos de honor. Asimismo, impone sanciones a quienes, a través de publicaciones, intenten socavar el orden o cambiar las relaciones amistosas con cualquier Estado.
Gilberto Campos del PLP.
Solicitud de la Corte Interamericana
Además, según el PLP, el cambio de ley responde a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana), que solicitó a Costa Rica abolir las penas de prisión para periodistas por crímenes de honor, por ser castigos arcaicos y antidemocráticos.
Esto se hace sobre la base del párrafo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que enfatiza que «toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el derecho a no ser molestado por sus opiniones, a buscar y recibir información y opiniones y a difundirlas, sin consideración de fronteras, a través de cualquier medio de expresión».
«El Partido Liberal Progresista está comprometido con la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. Al aprobar este proyecto en primera lectura, el PLP pretende resolver una de las injusticias más graves que persiste desde 1902», concluyó Campos.
El proyecto espera una segunda discusión. Ahora, para que eso suceda, deberá ser convocado por el Ejecutivo durante un período de sesiones extraordinarias, que comienza el lunes y se extiende hasta el 31 de enero.
