La Defensoría del Pueblo ha pedido al Estado actuar con urgencia ante la crisis que afecta a más de 600 familias que se han quedado sin recibir el subsidio económico para el permiso por cuidados.
Estas licencias se otorgan a personas que deben dejar de trabajar temporalmente para atender a pacientes terminales, menores de edad con enfermedades graves o personas en condiciones excepcionales que requieren cuidados constantes.
Según la institución, en las últimas semanas se han recibido varias denuncias de cuidadores que están atravesando serias dificultades para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, artículos de higiene y equipamiento médico.
La Defensoría del Pueblo calificó la situación como “urgente” y advirtió que pone en riesgo a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y niños gravemente enfermos.
Ante esto, solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluir en la agenda legislativa el proyecto de ley que busca dar una solución estructural para el financiamiento de las licencias de atención, a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.
La entidad de defensa ofreció su mediación para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, los organismos pertinentes y las familias afectadas, con el objetivo de alcanzar acuerdos que devuelvan la estabilidad económica y emocional a quienes dependen de este beneficio.
Factura
El expediente legislativo 25.240 presentado por el Frente Amplista, Jonathan Acuña, busca modificar la Ley No.
Es importante mencionar que si el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se agota, la ley no permite aumentar ese fondo ni entregar más dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para pagar los subsidios. De ahí la propuesta del congresista.
Asimismo, del 1 de noviembre al 31 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo tiene el control de los proyectos que se pueden ver en la Asamblea Legislativa.
«Lo que necesitan para que reciban los pagos no es el proyecto, es mentira que piensen que esta reforma es fundamental. El Fondo tiene el mandato de presentar esta autorización de gasto en el tercer presupuesto extraordinario del 2025, y de ahí se presenta a la Contraloría para que se apruebe la enmienda», dijo el presidente.
