La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se mantiene en oposición a la nueva ley contra el fraude bancariotramitado bajo el expediente 23.908, por considerar que se trata de una norma que genera inseguridad jurídica.
Según ABC, la conversación en torno al proyecto tiene un percepción falsa sobre su alcance realespecialmente la idea de que las instituciones financieras deberían compensar automáticamente a las víctimas en todos los casos de fraude.
«El propio texto votado por los diputados establece un procedimiento para analizar cada denuncia por defraudación, en el cual las entidades financieras deben investigar los hechos y emitir una resolución sobre si el reclamo está justificado o no. Esta decisión debe ser revisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y, si hay disconformidad por parte de la víctima con el resultado de que el proceso continuará, «con la posibilidad de acudir a los tribunales».
También mencionó que la nueva ley prevé escenarios en los que las entidades financieras no estarán obligadas a devolver los fondos, entre otras cosas cuando la SUGEF valide el análisis realizado por la entidad financiera, cuando exista autoengaño, sólo por parte del usuario, o cuando la transacción se realice entre cuentas del mismo titular.
Otro «grave defecto» al que se refiere ABC es que existe una restricción de operaciones vinculadas a cuentas bancariaspor lo que no cubre transacciones realizadas con tarjetas de crédito.
La entidad sindical así lo declaró La mayoría de las reclamaciones serán trasladadas a procesos judiciales o penales.lo que prolongará la resolución de los casos, provocando mayor incertidumbre para las víctimas y un mayor costo para el Poder Judicial.
